La globalización de la economía mundial impuesta en las últimas décadas por los países desarrollados y que demanda en primer lugar la privatización indiscriminada en todos los sectores, ha hecho crecer el número de pobres y, a la par, el núcleo de millonarios en el mundo.
Durante 2009, el año más grave de la crisis financiera, el número de multimillonarios pasó de 793 a 1.011, al tiempo que su fortuna conjunta aumentó un 50 %, desde 2,4 hasta 3,6 billones de dólares.
Para justificar el crecimiento en más de 200 multimillonarios en el último año, la revista que publicita y vanagloria a los más ricos del orbe argumenta que se debió a la “recuperación económica” que al parecer sólo ha beneficiado a los grandes magnates. Encabezando la lista de los más ricos aparece el mexicano Carlos Slim, dueño de numerosos negocios y de las telecomunicaciones en la nación azteca, con una fortuna que alcanza 53.500 millones de dólares.
El estadounidense Bill Gates, dueño y fundador del imperio Microsoft pasó al segundo puesto con la nada menos despreciable cifra de 53.000 millones de dólares. El tercer escalafón lo ocupó en esta ocasión el también estadounidense y conocido especulador financiero Warren Buffett con 47.000 millones de dólares.
Gates y Buffett, que ocupaban en 2008 el un-dos bajaron de lugar, pero no así sus fortunas que en 2009 crecieron 13.000 millones y 10.000 millones, respectivamente. Como indica un adagio, “a río revuelto ganancia de pescadores”, y eso mismo ha ocurrido pues la medida anticrisis acordada por los países desarrollados fue en primer lugar invertir dinero en salvar a los bancos y compañías en riesgo de quiebra.
La producción industrial cayó, el desempleo aumentó y los recursos se dirigieron al mercado de valores y de materias primas con la consecuente especulación en los mercados de capital.
Mientras los ya tradicionales millonarios aumentaban en 2009 sus riquezas y otro reducido grupo ascendía a esa escala social, la crisis impulsó el desempleo, provocó bancarrota masiva de granjeros, de pequeñas y medianas empresas industriales, deterioró los salarios mínimos y disminuyó considerablemente los gastos públicos en servicios sociales con el consecuente detrimento para la mayoría de la población.
Las políticas de privatizaciones, y desregulación financiera esgrimidas por el Consenso de Washington e implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han llevado a estas situaciones.
Un reciente informe de las Naciones Unidas aseguró que la inseguridad económica que afecta al mundo podría sumir en la pobreza a otros cien millones de personas.
Con ocasión de celebrarse en octubre último el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Organización de Naciones Unidas (ONU) significó que actualmente 1.400 millones de personas viven en la extrema pobreza y con el encarecimiento imparable de la energía y los alimentos probablemente empeorarán las condiciones de vida de otros muchos millones.
Un anterior documento del Banco Mundial fijaba la cifra en 53 millones de personas, quienes quedarían atrapadas con ingresos por debajo de 1,25 dólares diarios y se sumarían a los 135 millones que en 2008 fueron empujadas a la pobreza por el desempleo, los aumentos de precios en alimentos y combustibles, entre otras calamidades.
El todopoderoso presidente del BM, el estadounidense Robert Zoellick, argumentaba que “la crisis económica amenaza con transformarse en una crisis humana en muchos países en desarrollo. Mientras que buena parte del mundo presta atención a los socorros bancarios y los estímulos económicos, no debemos olvidar que los pobres en los países en desarrollo están mucho más expuestos si colapsan sus economías”.
En esta ocasión Zoellick tenía razón… pero no ha hecho nada al respecto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denunció que la actual situación ha dificultado el acceso de las capas más vulnerables de la población latinoamericana a la alimentación y ha dejado 54 millones de personas con problemas de desnutrición en la región.
Según el representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva, el escenario de la seguridad alimentaria de esta zona se caracteriza por una alta volatilidad de los precios de productos básicos, especialmente los alimenticios, lo que dificulta su adquisición por los más pobres, en especial los niños, las mujeres y los indígenas.
La FAO prevé que la salida de la crisis será lenta y vaticina que dejará secuelas perdurables, sobre todo en los países donde caigan la producción, el comercio, la recaudación fiscal, sean dependientes de importaciones de alimentos y energía y tengan poca demanda de sus exportaciones.
El organismo regional de la ONU plantea que la desnutrición aguda y crónica generará efectos irreversibles en millones de niños y niñas.
Desde ahora hasta 2015, cuando la ONU hipotéticamente pensaba cumplir las llamadas metas del Milenio (disminución de la pobreza, mortalidad infantil, alfabetización, etc.), se estima que morirán 1.200.000 menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
El hambre, la pobreza y la desnutrición se expanden por el orbe mientras unos cuantos millonarios acaparan enormes riquezas. No cabe duda, cada vez se hace más necesario un nuevo orden económico mundial.
